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Artículo de Yamile Ritter, vocal de la asociación de mujeres La Mitad del Cielo, en colaboración con Prodiversa, para La Opinión de Málaga.

La violencia de género es un problema social y de salud pública. Su erradicación implica la acción conjunta de todos los agentes sociales y los servicios de Salud Pública adquieren un papel clave. Como entidades especializadas en la atención social, La Mitad del Cielo y Prodiversa, incidimos en la especial situación de vulnerabilidad frente a esta violencia de las mujeres inmigrantes.

Sufrir violencia de género afecta a la vida personal, familiar y social de una mujer. Tiene un impacto en su salud integral provocando problemas, trastornos y dolencias en todos los niveles: físico, sexual y psicológico. Son frecuentes lesiones en su cuerpo, problemas fisiológicos, crónicos, trastornos de Estrés Postraumático, trastorno disociativo, baja autoestima, depresión, adicción, y hasta suicidio; el sistema inmunológico y neuroendocrino en general se ve afectado aumentando la posibilidad de sufrir enfermedades. Son comunes problemas ginecológicos, mayor probabilidad de muerte en embarazo y parto, de aborto y de mala salud del recién nacido. Todo su entorno se ve afectado, especialmente sus hijos/as que crecen en entornos violentos, con graves consecuencias para su salud psicológica y física.

Cuando además de ser mujer se es inmigrante el riesgo de padecer y morir por violencia de género es mayor (5,3 veces más según el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante). En 2023 fueron 58 las mujeres asesinadas por violencia machista en España, de las cuales 25 eran inmigrantes, un 43% del total. En 2024 llegó a 48,8%, con 21 extranjeras de las 43 mujeres asesinadas (Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad).

Existen factores asociados a la condición de inmigrante que la exponen a un mayor riesgo: irregularidad administrativa, barreras idiomáticas, insuficiencia de redes de apoyo social, familiar, vecinal y comunitario, dependencia del agresor, trabajos precarios -empleo doméstico y cuidados -con excesiva carga de trabajo, salarios bajos, inestabilidad, desvalorización… Otro factor de exclusión son las barreras y dificultades que se encuentran en el acceso a los recursos, entre estos, el sanitario.

Los servicios de salud tienen un papel fundamental en la detección, actuación y prevención de la violencia de género; el 90% de las mujeres que sufre maltrato actúa al respecto y lo hace a través de dos vías: hablan con familiares, personas de confianza, asociaciones o denuncian y/o buscan ayuda en los servicios de salud, sobre todo en Atención Primaria y Servicios de Urgencias (Instituto Andaluz de la Mujer). Y un sistema precarizado, con una preparación deficiente para atender la diversidad, deriva en una percepción más como amenaza que como protección.

Y es que para eliminar la violencia de género las actuaciones deben incluir a todas las mujeres y sus circunstancias, poniendo especial atención en las inmigrantes que son casi la mitad de las asesinadas. Para ello necesitamos un sistema sanitario público, de calidad, accesible e integrador, capaz de protegerlas frente a esta lacra que nos devora como sociedad.