El espacio Málaga Solidaria de La Opinión de Málaga, que compartimos con Cruz Roja Málaga, Málaga Acoge y Arrabal, recogió el pasado sábado ( 23 de septiembre de 2017) las palabras del responsable de la entidad CEDESO , Beneco Enencia, entidad con la que trabajamos en República Dominicana. En este caso se vuelve a visibilizar la situación de la población dominicana en el contexto del Día de la PAZ. Puede consulta el artículo original Aquí
Aún hay miles de desnacionalizados y apátridas en República Dominicana. Hace cuatro años que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia TC/0168/13 desnacionalizando, al dictaminar que «no son dominicanas» las personas nacidas entre 1929 y el 2007 a pesar de que algunos estaban ya inscrito en el registro civil. Esto afecta a más de 133.000 personas nacidas en el país de padres extranjeros según la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012.
En mayo 2014, el Estado promulgó la Ley 169-14 en respuesta al radical rechazo de la CIDH, los Estados miembros de la OEA, CARICOM, organismos internacionales y de cooperación a la arbitraria sentencia. Para muchos de los dominicanos y amigos el problema se habría solucionado, sin embargo las organizaciones de la sociedad civil y los afectados hemos demostrado que esa «ley especial» es insuficiente y ha postergado el sueño de más del 90% de los afectos al disfrute del derecho a la educación, salud, empleo digno, a un nombre y una nacionalidad. La referida ley divide la población afectada en dos grupos, los que se encuentran registrados y los que no fueron registrados. Para los primeros, la Junta Central Electoral público un informe de auditoría que cifra en 53.827 inscritos (excluye sus descendientes) y de esos sólo 13.495 habrían recuperado sus documentos, según declaraciones del presidente de ese organismo.
Para el grupo no inscrito, el Estado abrió una brecha para que pudieran «de forma voluntaria» declararse extranjero y solicitar su inscripción de nacimiento en el país para dps años después optar por la «naturalización ordinaria».
A día de hoy ni un sólo se ha naturalizado con esa «ley especial», convirtiéndose en una burla para los 8.755 afectados, de unos 80.000 sin registro civil que se creyeron la buena fe del gobierno dominicano que prometió restaurarle la ciudadanía.
Esta situación debilita nuestro Estado de Derecho y debe ser de interés de encontrar una solución digna a esta problemática. Los dominicanos, apegados a los valores democráticos y de justicia, podemos resolver la desnacionalización con voluntad y responsabilidad. Los dominicanos del exterior, especialmente en España, Puerto Rico y los EEUU, además de su contribuir con remesas, pueden ilustrar su experiencia para con los conciudadanos que sus padres tuvieron que buscar oportunidades en dominicana.
Consciente de que es un problema creado a dominicanos por el Estado dominicano y requiere una solución dominicana, sin embargo, al tratarse de una grave violación de derechos fundamentales, adquiere una dimensión internacional por lo que la comunidad internacional no debe permanecer ajena a un colectivo tan vulnerable como son los desnacionalizados y apátridas en dominicana.