Artículo publicado en La Opinión de Málaga – Málaga Solidaria
Cada septiembre, el inicio de curso llena titulares. Se habla de mochilas, becas y horarios. Pero hay un aspecto que rara vez se menciona: abrir las aulas es un acto político de primer orden. La escuela es el principal espacio público donde se construye ciudadanía, se aprenden normas de convivencia y se ejercen derechos fundamentales.
La educación no es un servicio ni una concesión: es un derecho humano reconocido internacionalmente y una obligación de los Estados. Cumplirlo no significa solo garantizar pupitres y libros. Significa dotar a los centros de recursos para formar en igualdad, democracia y derechos humanos.
Las aulas no son burbujas. En ellas entran las grandes tensiones sociales de nuestro tiempo: desigualdad de género, violencias machistas, salud mental, precariedad, racismo, emergencia climática y discursos de odio, entre otros. Los diagnósticos recientes que desde Prodiversa hemos realizado en centros educativos son claros: muchos adolescentes no identifican e incluso legitiman las violencias machistas, aumentan los problemas de autoestima y ansiedad, y crece el discurso que minimiza las desigualdades.
Ante esto, la escuela debe ser mucho más que un espacio académico. Tiene que convertirse en un auténtico territorio democrático: un lugar donde se aprenda a convivir, a ser, a prevenir, detectar y actuar ante la violencia y a participar en lo común.
Pero nada de esto será posible sin una apuesta política real. Eso significa:
· Reducir ratios y reforzar equipos de orientación.
· Garantizar tiempo curricular para tutorías y proyectos de convivencia.
· Formar al profesorado en igualdad, ciudadanía global y derechos humanos.
· Ofrecer materiales coeducativos abiertos y accesibles.
· Reconocer la voz del alumnado en la vida de los centros.
· Tejer alianzas entre escuela, familias y comunidad.
Alumnos en una escuela en Málaga. Alex Zea
El marco normativo existe: la LOMLOE y el Plan Andaluz de Igualdad en la Educación, entre otros. Sin embargo, en demasiados casos se queda en papel. Sin financiación, tiempo ni formación, las buenas intenciones se diluyen y los derechos se vacían de contenido.
Aquí la sociedad civil aporta ejemplos valiosos: formación a familias, guías y profesorado, guías y recursos para el aula que muestran lo que se puede hacer. Pero esas experiencias no pueden sustituir la responsabilidad pública.
Corresponde a las administraciones convertirlos en políticas estructurales, sostenidas y dotadas de recursos.
El inicio de curso es, en el fondo, una prueba de democracia. Nos interpela sobre qué lugar ocupan los derechos humanos en nuestras prioridades colectivas. Apostar por una escuela inclusiva, robusta y democrática no es un lujo: es la condición misma de una ciudadanía libre y justa.
Teresa Pineda Sánchez-Garrido
Coordinadora del Área de Educación para la Ciudadanía Global de Prodiversa.