COMUNICADO
Que estos años de crisis tienen como consecuencia, cuanto menos, la devaluación de las políticas sociales – ya no es noticia – lo que si se convierte en algo alarmante cuando empezamos a vislumbrar que, con argumentos exclusivamente económicos, se pone en riesgo a la población más delicada a proteger: los/as menores que por diversas circunstancias han tenido que separarse de sus familias para asegurar su integridad y favorecer su desarrollo personal, educativo, social y psicológico.
El tercer recorte que realiza la Junta de Andalucía a las políticas de protección de menores es una absoluta temeridad, nos obliga a disminuir drásticamente los recursos materiales y humanos que son indispensables para la labor de protección de menores. Estos recortes están generando unas condiciones que dejan a estos y estas menores con tanta problemática psico-social, en una total desprotección, provocando un nuevo daño emocional en sus vidas, que hacen mella en una herida abierta por su pasada separación de sus familias.
El equipo educativo de nuestros Centros de Menores valora como inviable esta propuesta, al tener unas responsabilidades legales sobre ellos y ellas que les sería imposible cumplir. Afirman que con estos recortes, ya sólo nos queda que los niños y las niñas se cuiden entre ellos y ellas, como se hace en los orfanatos de países en vías de desarrollo.
Lo más peligroso de este recorte propuesto (y seguramente ilegal) es que, al ser consciente la Junta de Andalucía de que es imposible mantener el personal que obliga la legislación vigente, dispuesto en la Orden de 9 de Noviembre de 2005, con las condiciones económicas que imponen, permiten que se disminuya la ratio de educadoras/es, psicólogas/os y trabajadoras/es sociales por debajo de dicha normativa. De esta forma, eluden el problema económico para convertirlo en uno funcional, permitiendo precarizar los Centros de Menores a cambio de una gestión barata de los mismos.
La normativa internacional de la Unión Europea y de la ONU trata de paliar situaciones como ésta que estamos viviendo hoy en Andalucía. De hecho, continúa vigente la normativa andaluza que describe las funciones del personal de los centros, la ratio que se está incumpliendo en los nuevos contratos de los Centros de Menores, así como menciona que estos centros deben asimilarse todo lo posible a un hogar familiar. Sin embargo, no conocemos ningún hogar en el que haya sólo dos personas haciéndose cargo de 26 menores.
Por todo ello, desde Prodiversa – Progreso y Diversidad, asociación que reivindica el cumplimientos de los Derechos de los niños y las niñas, pedimos a toda la sociedad, que se implique en esto, denunciando y difundiendo esta información, ya que estos niños y niñas son el futuro de nuestra sociedad. También solicitamos a la Junta de Andalucía que rectifique y vuelva a cumplir la legislación internacional, nacional y autonómica en materia de protección de menores.