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Colaboración para la columna «Málaga Solidaria» del periódico La Opinión de Málaga  Primero de mayo y la Ley de la Vivienda – La Opinión de Málaga (laopiniondemalaga.es)

Fdo. Juan Carlos Espejo Gutiérrez, director de Prodiversa-Progreso y Diversidad.

Hoy se celebra el Primero de Mayo. Decenas de miles de personas saldrán a las calles de España a celebrar esta fiesta de las personas trabajadoras, y siempre con un carácter más reivindicativo que festivo. En este 2023 los principales sindicatos ponen el foco en los salarios y la subida de precios de la inflación que empobrece a las familias.

La realidad para buena parte de la clase trabajadora malagueña es la precariedad laboral y la necesidad de compatibilizar diferentes empleos para sobrevivir. Y es que hace años que los indicadores urbanos señalan en nuestra ciudad lo preocupante del mercado laboral y la necesidad de incrementar acciones de lucha contra la pobreza, soportando una tasa de riesgo de pobreza y vulnerabilidad social que afecta a una cuarta de la población.

Si a esta preocupante situación que padecen muchas familias malagueñas, se le suma el incremento de precios para el acceso a un bien básico e indispensable como la vivienda, la realidad se hace insoportable.

El encarecimiento de precios hace años que impide acceder a una vivienda, no ya en propiedad sino también en alquiler, a quienes desean independizarse o precisan, por ejemplo, un alojamiento por motivos de desplazamiento laboral. Pero esta casuística ni es nueva ni sólo afecta a Málaga ni se va a resolver sola o a golpe de titular.

No es momento de recordar los efectos perversos de la ley de liberalización del suelo y su efecto sobre el precio del suelo y la vivienda que padecimos en el pasado, pero sí hay que hacer frente nuevamente a la especulación con la vivienda en las aglomeraciones urbanas, donde habita la mayor parte de la ciudadanía española, o a la gentrificación, la expulsión de la población de sus barrios, sin que la mayor parte de la población tenga posibilidad ni recursos para afrontarla.

Recoge nuestra Constitución española de 1978 en su artículo 47 que todos los españoles, y españolas se entiende, tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Para ello, recuerda a los poderes públicos que deben promover las condiciones necesarias y deben establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

Por esta razón se hace difícil entender para la ciudadanía que la primera ley de Vivienda haya sido aprobada el pasado jueves 27 de abril en el Congreso de los Diputados, 45 años después de la Constitución que la ampara.

Pero lo que no deja de sorprender aún más, si cabe, es que, una ley tan importante para resolver un problema que afecta a tantos millones de personas, no haya suscitado un respaldo más amplio entre quienes nos representan.

Un claro ejemplo de lo alejados que se encuentran algunos de las necesidades reales de la ciudadanía.